El miércoles ocuparon la secretaría de Desarrollo Social a causa de la demora en la entrega de materiales para refaccionar viviendas y la comuna promovió una causa judicial en su contra. En respuesta advierten que denunciarán penalmente a los funcionarios municipales por el manejo de los fondos del Mejor Vivir.
Luego de haber desalojado pacíficamente la sede de la Secretaría de Desarrollo Social de la comuna, las cooperativas vinculadas al programa Mejor Vivir finalmente comenzaron a recibir ayer los materiales de construcción requeridos para poder concluir con las obras de refacción de viviendas en las que vienen trabajando desde hace varios meses.
Así se lo hizo saber a LA CAPITAL el dirigente del Movimiento Teresa Rodríguez, Marcos Carboni, quien reprochó que, a instancias del gobierno local, la Justicia abriera una causa judicial contra los manifestantes por haber mantenido ocupada la dependencia durante algunas horas.
“A partir de ahora nosotros vamos a actuar de la misma manera que los funcionarios. Ante cada uno de sus incumplimientos vamos a a acudir a la Justicia para denunciarlos penalmente“, sostuvo.
Las cooperativas de trabajo habían acudido este miércoles a la sede de la Secretaría de Desarrollo Social de la comuna, ubicada en Teodoro Bronzini 1147, en búsqueda de su titular, Patricia Leniz.
El edificio de la Secretaría de Desarrollo Social se rodeó de efectivos policiales.
Una vez en allí y tras constatar la ausencia de la funcionaria en su lugar de trabajo, los cooperativistas resolvieron ocupar las instalaciones para reclamar que, tal como había sido prometido, la Municipalidad hiciera entrega de los materiales requeridos para avanzar con las obras que tienen asignadas.
En ese marco, la situación comenzó a tornarse cada vez más tensa debido a que la comuna convocó a la Policía, la cual formó un cordón en el acceso a la dependencia.
Finalmente los cooperativistas decidieron retirarse cerca de las 15 horas, luego de que el Ejecutivo anunciara que cumpliría con la entrega de los materiales comprometidos, entre ellos, ladrillos, chapas y aberturas.
“Lamentablemente los funcionarios que están a cargo no gestionan y por eso todos los días los llamamos y tratamos de resolver lo que ellos no resuelven“, señaló Carboni.
El dirigente lamentó que este miércoles, “en vez de dar una respuesta, el gobierno de Arroyo convocara a la Policía” y promoviera una causa judicial contra quienes ocuparon la dependencia.
“Nuestra lucha va a seguir en lo legal porque vamos a reclamar que se nos levante esta causa. Además a partir de ahora nosotros vamos a actuar de la misma manera que los funcionarios. Ante cada uno de sus incumplimientos vamos a la acudir a la Justicia para denunciarlos penalmente“, afirmó.
“Lamentablemente los funcionarios que están a cargo no gestionan y por eso todos los días los llamamos y tratamos de resolver lo que ellos no resuelven“, señaló Carboni.
Esta no es la primera vez que los cooperativistas advierten sobre la posibilidad de acudir a los Tribunales para denunciar los manejos que el municipio realiza con los fondos del programa Mejor Vivir.
Meses atrás y en el marco de un acampe que se desarrolló frente al municipio por más de 20 días los cooperativistas expresaron la misma intención, lo que fue decisivo para que la gestión de Arroyo desembolsara algunos fondos para pagar parte de su deuda con las cooperativas.
El Mejor Vivir es un programa del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, destinado a la terminación y refacción de viviendas.
La concejala Marina Santoro (Unidad Ciudadana) se acercó al establecimiento para servir como puente de diálogo entre las organizaciones sociales y el Ejecutivo.
Cada uno de los proyectos, que son ejecutados por las cooperativas, son financiados con recursos nacionales, los cuales se canalizan a través de los municipios.
Sin embargo en Mar del Plata ya se registraron varios conflictos por la existencia de demoras en los pagos y en la entrega de materiales a las cooperativas.
“La Nación le manda la plata a la Municipalidad y la Municipalidad es la que tiene la obligación de usar esos recursos para pagar nuestros servicios y comprar los materiales“, le había explicado Carboni a LA CAPITAL, reclamando que la gestión de Arroyo explique “qué hace con esa plata”.
Según el dirigente, debido a los sucesivos conflictos registrados hasta ahora las cooperativas siguen intentando terminar las obras aprobadas para viviendas, las cuales deberían haber sido terminadas hace meses.
“Por la falta de gestión de los funcionarios la gente que necesita su casa está está en la calle y nosotros, los cooperativistas, no cobramos nuestro trabajo”, explicó Carboni.